Inteligencia artificial en Chile: ¿regulación para la confianza o freno a la innovación?
Andrés Olave Echenique, abogado, socio principal en Olave Echenique Abogados y alumno de MBA mención inteligencia artificial en la Universidad Adolfo Ibáñez; Elisa Neumann Kittel, artista plástica, asesora externa en materias de propiedad intelectual.
La acelerada irrupción de la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser un fenómeno futurista para convertirse en un vector central de competitividad económica. Chile, con su ecosistema financiero robusto y una creciente cartera de emprendimientos tecnológicos, enfrenta hoy la necesidad de equilibrar innovación con certeza jurídica. Desde nuestras dos miradas —la legal y la artística— coincidimos en que el debate regulatorio no puede limitarse a la prevención de riesgos: debe también resguardar las posibilidades creativas y productivas que la IA habilita.
En el mundo del arte, la IA ha sido recibida con una mezcla de fascinación y desconfianza. Para algunos, amenaza la noción tradicional de autoría; para otros, es una extensión poderosa del proceso creativo. Desde mi experiencia, la IA no reemplaza al artista: expande su caja de herramientas. Pero esta expansión requiere reglas claras, especialmente cuando hablamos de propiedad intelectual y uso de obras preexistentes para entrenar modelos.
El desafío en Chile es doble. Primero, debemos asegurar que los artistas tengan mecanismos efectivos para proteger sus obras del uso no autorizado como insumo de entrenamiento.
Debemos reconocer que la producción asistida por IA también es creación humana y que puede generar valor económico, cultural y, sí, financiero. Un país que aspira a diversificar su matriz productiva debería ver la creatividad aumentada como un activo estratégico.
Regular no es prohibir. Una normativa inteligente permitiría que artistas, industrias creativas y empresas tecnológicas colaboren sin ambigüedades legales, impulsando nuevos modelos de negocio, desde colecciones digitales hasta experiencias inmersivas de alto valor comercial.
En tanto, el legislador chileno se encuentra ante un dilema clásico: cómo regular una tecnología cuyo desarrollo es más rápido que la capacidad normativa del Estado. Discusiones como el proyecto de ley sobre protección de datos personales, la futura institucionalidad para sistemas automatizados de alto impacto y el enfoque de “IA confiable” inspirado en estándares OCDE y UE, muestran un país que avanza, pero aún con brechas.
Desde la óptica financiera, la IA ya opera en scoring crediticio, detección de fraude, gestión de inversiones y análisis de riesgos. Aquí la transparencia algorítmica no es solo una cuestión ética: es un elemento que incide directamente en la estabilidad del mercado y en la confianza de los inversionistas. Sin embargo, una regulación excesivamente prescriptiva puede elevar los costos de cumplimiento, desincentivar la innovación local y relegar a Chile a un rol meramente consumidor de tecnología extranjera.
Lo razonable es avanzar hacia regulación basada en riesgos, con obligaciones proporcionales al impacto del sistema. Asimismo, es indispensable que las normas chilenas permitan el uso responsable de datos —incluidos los sintéticos— y la auditabilidad sin exigir la divulgación de secretos industriales. La clave está en diseñar un marco regulatorio suficientemente robusto para evitar abusos, pero lo bastante flexible para no sofocar el desarrollo.
Tanto en las finanzas como en el arte, la IA generativa abre oportunidades que Chile no puede desperdiciar. Pero para aprovecharlas, el país debe construir un marco que genere confianza: en los datos utilizados, en los algoritmos que toman decisiones y en la protección de la autoría —humana o asistida— detrás de las nuevas obras.
La regulación no debe ser una barrera, sino una infraestructura. Una que permita innovar sin miedo y crear sin ser invisibilizados. Solo así Chile podrá posicionarse como líder regional en IA, no solo en adopción, sino también en producción y en creatividad económica y cultural.
